Sonia Marta Mora
Uno de los logros indiscutibles de Costa Rica, enfatizado con frecuencia en foros internacionales de expertos, es el mecanismo definido en nuestro país para garantizar el financiamiento a las universidades del sistema estatal.
La negociación de convenios con una vigencia de cinco años aparece como un mecanismo idóneo: asegura tranquilidad y reglas claras entre las partes por un período razonable, y permite la planificación y el desarrollo de las instituciones con una visión de mediano plazo. Y esto es lo que se recomienda en una época en la que el conocimiento es, crecientemente, un factor clave del desarrollo y el éxito de las naciones.
Por ello es tan importante que pueda concluirse satisfactoriamente la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior, FEES, por parte de las instituciones universitarias y el gobierno. No hay que olvidar que el convenio anterior, suscrito por parte del CONARE y las autoridades gubernamentales en julio de 2004, cumple ya casi un año de vencimiento, lo cual genera gran presión en materia de presupuestación y planificación de las universidades, las cuales deben cumplir plazos perentorios en este campo.
La Presidenta del CONARE y Rectora de la Universidad de Costa Rica, Dra. Yamileth González, explicaba el pasado 30 de junio que la propuesta de las universidades públicas lo que busca es “mantener el ritmo de crecimiento del quinquenio anterior, -un 13% de crecimiento real en promedio”-, lo que la llevaba a calificarla como una “propuesta sensata”, que comprende el contexto nacional actual. Han explicado las y los rectores miembros del CONARE, asimismo, que esta propuesta está acompañada de compromisos concretos y tangibles para ayudar al país a enfrentar la crisis. Entre otros, el esfuerzo por ampliar la cobertura a más estudiantes y por mantener a los jóvenes en las aulas, en momentos en los que precisamente la crisis presiona a algunos, peligrosamente, a abandonar sus estudios superiores. Otro compromiso mencionado es el fortalecimiento de la regionalización, para llevar a zonas como Guanacaste, la zona norte o los cantones de la zona sur y otras poblaciones nuevos proyectos que impulsen el desarrollo y que generen empleo, como por ejemplo la construcción de nueva infraestructura universitaria en esas regiones.
Y un aspecto importante de esta negociación es que las universidades cuentan con un plan de desarrollo que integra los esfuerzos de las cuatro instituciones, de forma que puedan compartir infraestructura, proyectos y valiosos recursos, lo que propicia su mejor aprovechamiento por el bien de los estudiantes y de las numerosas comunidades atendidas. Esta planificación conjunta se concretó en un plan quinquenal 2005-2010, y ahora en un nuevo documento que se ha preparado para el período 2010-2015.
Es indiscutible que, si se asume una visión estratégica por parte del gobierno, esta negociación debería verse más bien como una valiosa oportunidad para asegurar que las instituciones de educación superior sigan siendo importantes motores del desarrollo y que, en momentos de crisis, puedan reforzar su positivo impacto fundamentalmente en regiones económicamente deprimidas. Vivimos un momento en el cual no conviene retroceder, sino consolidar una indiscutible fortaleza nacional.
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