Por Sonia Marta Mora
 Una palabra que viene y va, que cada día con mayor frecuencia aparece en discursos y declaraciones: gobernabilidad. Pero no se trata de un término de sencilla comprensión.
Muchos expertos coinciden en señalar su complejidad y la discusión que rodea su definición y su uso. La política tradicional, sin embargo, viene haciendo importantes esfuerzos por acaparar este concepto y por utilizarlo solo a su favor, aunque esto signifique vaciarlo de sentido, limarlo y gastarlo hasta que pierda su riqueza, su energía y su potencial.
Una primera forma a través de la cual se busca desactivar el rico significado del concepto gobernabilidad es relacionándolo únicamente con el ejercicio de la autoridad por parte de uno de los actores del escenario político, el que tiene a cargo las responsabilidades ejecutivas. Esta estrategia se asocia al interés por fortalecer su poderío, y con ello la concentración y centralización de su poder. Cuando priva esta perspectiva otros actores incomodan, estorban. Molestan por ejemplo las entidades que en una democracia están encargadas de desarrollar procesos independientes de control y de supervisión. Se sostiene que tales funciones obstaculizan la función de buen gobierno, lo cual se reduce a la supuesta eficacia con que se ejecuten las iniciativas de ese actor ejecutivo y poderoso.
Pero también incomodan otros actores de la vida en democracia los cuales, como sabemos, son numerosos y expresan diferentes intereses, proyectos y visiones. Se borra entonces la idea de una democracia como el espacio en que estas distintas perspectivas se encuentran, dialogan y concilian, y se va generalizando una interpretación según la cual la discrepancia es negativa dentro de la democracia. Son promotores legítimos de gobernabilidad, según este enfoque, solo aquellos que coinciden, que suscriben pactos. Quienes discrepan, aunque lo hagan dentro de los marcos institucionales y de las reglas de la propia democracia, son señalados. El valor de la independencia –entre poderes, entre representantes–, de la pluralidad, de la construcción de un criterio propio, principios tan relevantes dentro del sistema democrático como lo es, sin duda alguna, la misma posibilidad de coincidir, peligrosamente empiezan a erosionarse.
Y es que, efectivamente, el concepto de gobernabilidad, cuando se pone en relación con el de desarrollo humano, muestra múltiples matices que la política tradicional preferiría olvidar. Según esta visión gobernabilidad –además de eficiencia– es la capacidad de dialogar y concertar con actores diversos, así como de desarrollar políticas públicas que puedan satisfacer de la mejor manera las distintas demandas. Este enfoque reconoce –lo cual es básico–, que en una democracia hay múltiples actores, y que su incorporación como ciudadanos con plenos derechos la enriquece y fortalece.
La gobernabilidad así entendida puede asociarse con un creciente esfuerzo de democratización de las sociedades, con la superación de prácticas de gobierno autoritarias o sencillamente, como las denominan algunos, deficitarias. Esta interpretación, que supone el impulso de una verdadera ciudadanía activa, reconoce las responsabilidades que todos los actores tienen en una democracia y en la consecución de resultados oportunos que generen bienestar para el conjunto de la sociedad. Pero también reconoce que los ciudadanos, como actores relevantes, no renuncian a su derecho a tener voz y a participar, a exigir transparencia y rendición de cuentas.
Sí, hoy es urgente liberar la noción de gobernabilidad de ese uso interesado que la ha alejado de la ciudadanía y de sus legítimas aspiraciones.
|
