Sonia Marta Mora
Los lamentables hechos provocados en el campus de la UCR por una acción del OIJ han suscitado una discusión que parece querer mostrar un choque entre el régimen de autonomía universitaria y la lucha contra la delincuencia.
Peligrosísimo y alejado de la realidad este enfoque. Por una parte la universidad y su comunidad, que fueron los que corrieron con las consecuencias de una acción mal planeada y contraria a lo establecido por la Constitución y por la sabia tradición derivada de ella, acaban siendo, además de sorprendidos y violentados, atacados. Por otra parte, se centra la discusión en eventuales interpretaciones acerca de la autonomía, sin comprender que, además de un elevado principio del ordenamiento jurídico, esta es una rica tradición vivida y asumida por los universitarios que en todo el mundo comprenden su significado en sociedades avanzadas, amantes del diálogo y de la paz.
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¿Por qué este enfoque se aleja de la verdad? Por lo que dicen los hechos y el fruto de décadas de respeto. En nuestra historia el régimen de autonomía ha sido un pilar para la construcción de las prácticas democráticas. Ha sido base fundamental para el florecimiento de un pensamiento independiente que le ha permitido a las universidades ser bastiones, precisamente, en el combate a la impunidad y la corrupción. ¿Se nos olvidan tan fácilmente las luchas que en este sentido han librado nuestras universidades, apoyando a quienes tienen el mandato de perseguir el delito ante la fuerza de poderosos intereses?
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Pero los hechos todavía dicen mucho más. Como universitaria y como Rectora de la Universidad Nacional en el período 2000-2005, tuve que enfrentar la situación en que autoridades policiales debían realizar acciones de persecución del delito –por ejemplo, apresar a una persona que se hallaba dentro del campus–. La actitud de la policía en estos casos siempre se remitió a un protocolo de comunicación y coordinación con las autoridades universitarias, y nosotros nos ceñimos siempre al respeto a la ley y la inmediata colaboración con la justicia, como ha sido tradición en los jerarcas universitarios. No solo se concilió en estos casos el respeto a la autonomía y la acción contra la delincuencia, sino que la coordinación permitió la realización de operativos exitosos sin los riesgos que la confusión puede producir en espacios masivos.
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Es más bien el irrespeto y la ignorancia ante esta tradición lo que puede generar inefectividad y enfrentamientos de insospechadas consecuencias. Genera además, como en este caso, acciones de violencia reprochable como los bloqueos y ataques que un pequeño grupo de jóvenes realizaron la noche del lunes y que no solo se apartan del espíritu de la universidad y de su estudiantado, sino que se convierten en espacios para que algunas personas inescrupulosas, ajenas a veces a las universidades, actúen violentamente buscando el desprestigio de las instituciones.
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Con este atropello desproporcionado al campus de la Universidad de Costa Rica perdimos todos. Y si no se enmienda estableciendo las responsabilidades del caso, se corre el riesgo de sentar un precedente peligrosísimo de irrespeto a las instituciones académicas y a nuestra democracia. Lo que está detrás de estos hechos lamentables, que esperamos reviertan con sabiduría las autoridades del Poder Judicial, es la madurez que tendrá el país para perseguir una criminalidad creciente sin inmolar en el intento las más sabias tradiciones de libertad y de respeto a la institucionalidad, orgullo de todos los costarricenses.
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