Página Abierta

Por Sonia Marta Mora

Ha actuado correctamente el gobierno de Costa Rica al enfrentar el conflicto surgido por la invasión de tropas nicaragüenses a suelo nacional. Hemos visto en estos días a un Ejecutivo que responde con claridad y decisión para defender los intereses nacionales, pero que también se inspira en la prudencia que requieren este tipo de desacuerdos entre naciones vecinas. Pero quizás lo más importante es que sus acciones expresan muy bien el sentir y la vocación costarricense de diálogo, de paz y de confianza en el derecho internacional.

Los hechos sin duda son graves. En primer lugar están los efectos negativos sobre el territorio costarricense de un proceso de dragado del río San Juan que ha generado daños ambientales en suelo tico, y que no pueden ser desconocidos. Y posteriormente a estos hechos, y para agravar la situación, el irrespeto a la soberanía territorial costarricense mediante el ingreso de tropas del país vecino. Ante el crecimiento de las tensiones, Costa Rica ha reforzado sus acciones en el ámbito internacional invocando los tratados, y disposiciones que sustentan su posición y sus reclamos. A pesar de las provocaciones, no se ha alejado del lenguaje prudente que deposita su confianza en los instrumentos internacionales a los que acude todo país amante de la paz y que a esta altura de la historia deberían bastar para dirimir conflictos.

Son grandes los desafíos que encara Costa Rica en esta justa lucha por hacer respetar su soberanía. El más importante, en nuestro criterio, es posicionar correctamente el conflicto no como un diferendo por cuestiones limítrofes -seria distorsión de los hechos que pulveriza toda argumentación costarricense orientada a defender los intereses nacionales-, sino como lo que realmente es, es decir, un irrespeto a la integridad de nuestro territorio. Pero desgraciadamente este enfoque no ha logrado situarse con suficiente claridad en el ámbito internacional, en el cual las ambigüedades confunden y dificultan la comprensión de la justa posición de Costa Rica. Un segundo reto es desenmascarar los intentos por encubrir el incontestable hecho de la invasión con argumentos de una supuesta defensa del territorio de la influencia del narcotráfico, enfoque que además de distraer pone en tela de juicio el compromiso de Costa Rica en la persecución del crimen organizado.

Pero vista desde el mediano plazo, y con la esperanza de una pronta solución diplomática de este conflicto puntual, la argumentación que pretende situar en la opinión internacional la idea de que Costa Rica tiene un ejército encubierto y que su abolición es algo del pasado, tiene una peligrosidad de consecuencias incalculables. Toda la vocación, la historia y la personalidad del país se desvanecen ante esta acusación. Y esto hay que encararlo, sin duda alguna, señalando su falsedad. Pero la verdadera forma de desbaratar esta acusación malintencionada es redoblando todos los días los esfuerzos porque los valores civilistas que nos dan ese perfil singular en el concierto de las naciones sean los que sigan orientando el rechazo a toda forma de militarización en Costa Rica. Esta es la verdadera forma de combatirla.

Ya lo han dicho con firmeza los habitantes de las zonas fronterizas y los nicaragüenses que viven entre nosotros y que construyen todos los días la esperanza de un futuro mejor. Lo han dicho también las diversas fuerzas políticas del país que están enfrentando esta situación con la madurez y la responsabilidad requeridas. Urge una solución pacífica y negociada que le dé a dos pueblos hermanos, Costa Rica y Nicaragua, el derecho a convivir con respeto y paz. Una solución que en el marco del derecho internacional reconozca con efectividad el derecho de Costa Rica a defender, hoy y siempre, su soberanía territorial.