Por Sonia Marta Mora
 Una mujer de 36 años, madre de cuatro hijos, murió en el cantón de Aserrí el pasado fin de semana apuñalada por su esposo. Dos de los hijos presenciaron el terrible hecho, pero nadie logró auxiliar a la víctima. Con esta escalofriante noticia se inaugura la presente semana: una mujer más, que se suma a la interminable cadena de víctimas de una forma de violencia que no logra ser detenida.
Porque, desafortunadamente, este no es un caso aislado. Por el contrario, algunos elementos trágicamente se repiten. Para empezar, familiares de la mujer sabían que el marido amenazaba de muerte a su esposa y temían que de las palabras éste pasara a los hechos. En segundo lugar, los vecinos conocían la situación y escuchaban discusiones constantes que ya habían sobrepasado el ámbito de la privacidad familiar. En tercer lugar, el hombre era conocido como una persona muy agresiva. Finalmente, la mujer se había atrevido a romper el silencio y había denunciado a su esposo por violencia doméstica. Pero ninguno de estos elementos fue suficiente para salvarle la vida a la madre. ¿Qué está sucediendo entonces en Costa Rica en este campo?
La reflexión no solo es oportuna, sino que se vuelve un imperativo. Ciertamente es un avance que esta forma de violencia no se oculte, que las personas logren identificarla. Y ciertamente es un paso alentador que las mujeres hablen y formulen las denuncias del caso. Pero todo lo anterior, con su innegable importancia, es insuficiente si no se logra salvar la vida de las mujeres víctimas de violencia familiar, y si esta nefasta práctica destructiva no logra erradicarse. Porque las consecuencias son graves e irreversibles. En primer lugar, las secuelas en los hijos que han vivido bajo el temor y la amenaza, y que crecen observando patrones de conducta que propician, legitiman y reproducen la violencia contra las mujeres. En segundo lugar el impacto sobre la sociedad como un todo, limitada en sus posibilidades al negársele a muchos de sus miembros el derecho a la libertad, a la dignidad, al desarrollo pleno.
Por eso, en el mes de la Patria, la lucha para acabar con la violencia hacia las mujeres debe ganar protagonismo y relevancia. Si esta y otras prácticas que atentan contra los derechos de las personas no logran detenerse, la libertad y la democracia de la que nos enorgullecemos será francamente incompleta. Muchas acciones deben propiciarse, y en muy distintos niveles. Para empezar, en las instituciones educativas debe asegurarse que los educadores se capaciten en el tema de género y que sean capaces de identificar y abordar los casos de la violencia contra las mujeres. La sociedad civil también tiene una alta responsabilidad, y ésta debe traducirse en acciones concretas y efectivas en asocio con los diferentes sectores de la sociedad. Las empresas y en general el sector privado puede contribuir de manera muy significativa empezando con sus propias empleadas y empleados y diseñando una proyección hacia las comunidades donde están inmersas. Y finalmente, sin lugar a dudas, los gobiernos y las autoridades locales, llamados a generar los marcos jurídicos y la continua evaluación de su eficacia, así como la detección oportuna de esta y otras formas de violencia y ampliando su compromiso con ambiciosos programas de prevención.
Debemos comprender que los derechos humanos y la libertad empiezan por casa, y que todas y todos juntos debemos decir con firmeza: ¡ni una muerte más! Un mundo libre de violencia contra las mujeres sí es posible.
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