Página Abierta

Nora Garita

Si alguien comete una fechoría, debe ser detenido. Pero la nueva ley migratoria del estado de Arizona permite a cualquier “oficial”, sin orden de captura, ni permiso de un juez, arrestar a una persona si “tiene sospecha de que ha cometido cualquier ofensa pública”. (Versión Senado, ley 1070).

A nosotros, nacidos en un país del cual parten muchachos en búsqueda de oportunidades laborales y que, a la vez, es receptor de migrantes, esta ley debe provocarnos estupor. A simple vista, ¿quién es un “sospechoso”? Parece sospechoso el diferente, que no está en el fenotipo promedio. O quien no corresponde al tipo físico de grupos en el poder. En África del Sur, hasta hace muy poco, todo negro era sospechoso, y los blancos, ciudadanos por encima de toda sospecha. Ahora en Arizona, cualquiera que parezca latinoamericano podría ser “razonablemente sospechoso”. Hijos de un continente de mestizajes múltiples, pluricultural y multilingüe, los migrantes latinoamericanos son así transformados, ante la mirada de las autoridades migratorias, en una masa racializada.

Según esa ley, facilitar transporte o alojar a una persona que no haya regularizado sus papeles migratorios podría ser considerado delito de contrabando de personas. De esta forma el mazo de la ley quiebra en pedazos la solidaridad humana. Un extranjero que se encuentre sin papeles migratorios en una propiedad privada o pública en Arizona puede ser acusado por violación a la propiedad, además de los delitos “migratorios”.

En un libro que recomendé a quienes leen esta columna, llamado “La vida en otra parte”, del filósofo Alexander Jiménez, encontramos unas interesantes reflexiones sobre el derecho penal del enemigo: “el extranjero, el extraño, el enemigo…era el que carecía de derechos en absoluto, el que estaba fuera de la comunidad…el extranjero…es el núcleo troncal que abarcará a todos los molestos al poder, por insubordinados, indisciplinados o simples extranjeros” (Zaffaroni). Estos sospechosos, enemigos, extranjeros, estarían ubicados en la mayor contradicción con el estado de Derecho.

Esos migrantes se mueven en un péndulo geográfico en cuyos polos solo hay sueños despedazados; son los hijos, primos o nietos de familias que forjaron nuestros países. Que hicieron y construyeron, con o sin pasaporte. En medio de un mundo globalizado, abierto al desplazamiento de capitales y mercancías, se cierran las fronteras a quienes buscan trabajo.

La entrada en vigencia de la nueva ley de migración en Costa Rica debe alertarnos ante prácticas discriminatorias que empañen nuestra tradición de ser un país de derechos. Empecemos por no tratar de “ilegales” a quienes no han regularizado su estatuto migratorio en el país. ¿Fue su tatarabuelo un ilegal? No, fue un migrante que luego regularizó sus papeles. Ser migrante no es sinónimo de criminal, s sinónimo de atreverse a caminar hacia lo desconocido en busca de un futuro mejor.