Nora Garita
 Un día, encontraron pozos construidos con la complicidad de la noche, y la comunidad entró en alerta. En pleno Pacífico seco, “¿para qué los habrán construido?” se preguntaban los vecinos. Luego supieron que también había complicidad de algunas instituciones públicas que habían otorgado permiso a empresas transnacionales turísticas e inmobiliarias para llevarse el agua del acuífero Sardinal.
La Municipalidad de Carrillo, Acueductos y Alcantarillados dieron permisos y no informaron a los habitantes de las comunidades vecinas. Se trataba del proyecto Ampliación del acueducto Coco-Ocotal. Gigantescos megaproyectos se llevarían el 90% del agua. Se organizó la comunidad, dieron peleas durante cinco años y plantearon un recurso de amparo. La Sala IV resolvió a favor de la comunidad (voto pleno), anuló la viabilidad ambiental otorgada al proyecto y paralizó las obras.
Sardinal no es el único caso en Guanacaste en el que se explotan los acuíferos sin control, con tal de promover el turismo y el negocio inmobiliario de capital transnacional. Otras comunidades viven el mismo proceso: Sámara, Cabuyal…
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había hecho un pronunciamiento, en noviembre del año pasado, en el que analizaba las transformaciones recientes en Guanacaste. En esa provincia se redujo la actividad tradicional agropecuaria, se expandió la agricultura de exportación como el melón y la caña. Se le apostó al turismo de capital transnacional. Todo sin planes reguladores, ni de ordenamiento territorial, ni de encadenamientos productivos para las comunidades. Muchas veces, aún en contra de normativas ambientales. Dicho en otras palabras, espejismos del capital transnacional en contra de la vida digna de las comunidades.
Es interesante observar la pugna entre funcionarios públicos en el caso Sardinal: por un lado, algunos que propiciaron la mercantilización del agua y favorecieron compañías transnacionales en detrimento de una comunidad. Por otro, la Sala IV situó la disputa por el agua en el terreno de los derechos humanos.
Nuestro poeta Jorge Debravo decía: “que el aire no es de nadie/nadie/y todos tienen su parcela de aire”. ¿Se imagina usted un día que quieran convertir el aire en mercancía y vendan estañoncitos de aire puro? ¿Se imagina usted una municipalidad otorgando permisos a una empresa turística transnacional para que se lleve el aire para sus huéspedes que pagarían por ese aire y deje a los pobladores el 10 % de aire restante? Algo así ha sido lo que ha ocurrido en Guanacaste, donde importa más regar un campo de golf que asegurar “el ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (artículo 50 de la Constitución Política).
Ese derecho humano al agua debería estar en rango constitucional, ha llegado el momento de dar una discusión nacional. Que el agua no es de nadie, nadie, y todos tienen su gotita de agua.
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