 Jaime Ordóñez
A menos de 100 días del inicio de gobierno (y después un arranque tormentoso, incluido pacto Li-Li, intentona de aumento de salario de los diputados, zipizape con ex-ministro Rodrigo Arias que golpeó las puertas de palacio con su personalísima agenda de gobierno; incluidos otros hechos complicados, como el fiasco de la carretera a Caldera, y hasta el sainete con la Ministra de Salud y los diputados), la presidenta Laura Chinchilla debería hacer un alto en el camino algunos días y recapacitar sobre su estrategia de gobierno.
Debería parar, tomar aire, y pensar cuidadosamente lo que va hacer. Porque todo el mundo (quienes votaron por ella y quienes no votaron) están esperando que doña Laura demuestre dos cosas: a) Que en verdad tiene una estrategia y un plan de Estado; y b) Que es ella quien, efectivamente, manda en Zapote, y no –como dicen por allí– una serie de "poderes fácticos y económicos", incluidos algunos con domicilio en Rohrmoser y Heredia; otros con oficinas con vista La Sabana; y otros con influyentes despachos de abogados entre Escazú y Lindora.
Para hacer esto (es decir, para demostrar su independencia y su estrategia) la presidenta Chinchilla tiene dos pruebas de fuego. La primera, el expediente No. 14.757, que es la reforma a la Constitución Política que busca proteger el agua como un bien público inalienable. Se trata de un noble proyecto impulsado por varios líderes de su partido como doña Joyce Zürcher. Y, segundo, el caso Crucitas. Ambos son casos de medio ambiente, adonde están en juego bienes públicos de altísima importancia para Costa Rica. Aquí doña Laura tiene la posibilidad de demostrar con hechos, en la práctica, lo dicho en sus discursos de campaña política.
Doña Laura tiene, además, las condiciones para hacerlo. Por un lado, ya la Sala Constitucional declaró que se puede anular la concesión minera Crucitas. Es decir, no tiene impedimento jurídico alguno. Y en relación al proyecto de reforma constitucional para proteger el agua, doña Laura tiene el apoyo de 7 de los 8 jefes de fracción en la Asamblea. Una mayoría más que sobrada. Tanto la realidad jurídica como los votos en el Parlamento están allí para que le pueda demostrar a los costarricenses que, efectivamente, ella manda y que está dispuesta a proteger al medio ambiente.
Sin embargo, a la hora de cerrar esta columna, recibimos dos graves noticias. La primera, el anuncio de que doña Laura (a pesar de que la Sala IV se lo permite), no anulará la concesión de Crucitas, aduciendo una posible indemnización que, por cierto, absolutamente nadie ha fijado técnicamente, salvo una delirante suma lanzado al aire por un vicepresidente, lo cual no tiene ningún valor jurídico. Y la segunda noticia: el retiro del Parlamento del proyecto de reforma constitucional de protección del agua, aduciendo que-- a pesar de que hay apoyo de 7 jefes de fracción-- el ML no está de acuerdo y no irá adelante pues no hay consenso. ¿De cuándo acá se gobierna por consenso? ¿Se aprobó por consenso el TLC? ¿Se aprobaron por consenso la Leyes Complementarias al TLC? ¿No es esta una forma de otorgar poder de veto a los libertarios? ¿Tanto se les debe? ¿O, a quién se le debe tanto?
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