 Jaime Ordóñez
El presidente Barack Obama de los EEUU lanzó hace algunos días su nueva propuesta migratoria, apostando por la legalización de varios millones de extranjeros indocumentados.
El anuncio generó inmediato apoyo de varios sectores, empezando por el obvio de los inmigrantes mismos, la mayoría latinoamericanos, quienes desde hace años conforman una fuerza laboral decisiva en rubros como la agricultura, la construcción y los servicios. En las últimas décadas, la economía de los EEUU ha dependido de ese sector laboral informal y espurio mucho más de lo que se ha querido reconocer oficialmente. Sucede igual en Costa Rica con la migración nicaragüense no formalizada. Aunque no lo queramos reconocer, muchas áreas de nuestra economía y nuestros servicios (desde la construcción, la vigilancia privada, la zafra de caña, o varios de los servicios primarios) quedarían inermes sin esos 300,000 nicaragüenses no formalizados que pueblan nuestras calles, nuestras construcciones, nuestras cocinas y nuestro campo agrícola en épocas de cosecha.
La medida de Obama, sin embargo, ha generado un fuerte rechazo de los grupos más conservadores y aislacionistas, y también de un sector de la población que sigue añorando y nostalgiando la visión de los EEUU como una patria únicamente de blancos caucásicos, nietos del Mayflower. El único problema para tal sector purista, anglosajón, rubio y protestante, es que ese EEUU simplemente ya no existe. Actualmente, hay 50 millones de latinos en los EEUU y se trata de un grupo étnico y cultural que está cambiando la cara del país. Hace algunos años la revista Newsweek hizo un estudio y descubrió que el 55% de los estadounidenses tenían ya algún porcentaje de sangre no caucásica, incluida sangre india de las tribus del norte de América.
En este sector que se opone a la reforma hay, al menos, dos móviles. El primer móvil es velado y tácito y está impulsado por varios sectores empresariales y económicos de California, Texas, Nuevo México y otros estados que contratan población migrante, pero que no quieren pagar seguridad social y salarios justos de acuerdo a la ley. Justamente igual que en Costa Rica, por cierto, donde muchos empresarios agrícolas contratan peones nicaragüenses infra-pagados y sin seguridad social.- Mala cosa.- Hay un gran cinismo en esa actitud de querer sacar ventaja del inmigrante laboral, pero no reconocerle derechos laborales, ni civiles, ni políticos.-
El segundo móvil, lo hemos dicho antes, es esa enorme estupidez de la pureza racial. A quienes defienden esa ridícula tesis (allá en los EEUU y también aquí en Costa Rica) habría que recordarles que, en el fondo, todo el mundo fue un inmigrante en algún momento. Unos salieron huyendo del hambre de Irlanda o Alemania, y migraron a un país poblado por tribus indias y por búfalos. Otros salieron de un pueblaco de Soria o de Castilla, migraron a una tierra que no era la suya (sino la de los Chorotegas, los Huetares o los Bruncas) se mezclaron por estos patios con los nativos, y andan ahora reclamando un derecho de patria que no les pertenece.
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