Página Abierta

Jaime Ordóñez

Teóricamente un Ministerio del Medio Ambiente— como el es caso del MINAE costarricense— debería tener una clara función de protección del bien público a su cargo (el medio ambiente y los recursos ecológicos) en lugar de convertirse en un abogado oficioso de los intereses de una empresa extranjera de minería a cielo abierto como Infinito Gold, S.A. Pero no, la cosa no ha sido así. Si uno examina con detenimiento la comparecencia del pasado 11 de Septiembre en la zona de Crucitas, y las otras actividades procesales que se tramitan en la Sala IV sobre este caso, se encuentra que los funcionarios de MINAE se han convertido prácticamente en los defensores de esa empresa y de sus inversionistas extranjeros y socios nacionales. ¿Por cierto, valdría la pena saber quienes son los socios nacionales de Infinito Gold, S.A.? Quizá esa pregunta ayude a entender el porqué de esa extraña y aguerrida defensa de nuestros funcionarios públicos a favor de los intereses económicos de una empresa privada que se dedica a una las formas de minería más contaminantes del planeta.

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Según indica una noticia de la agencia EFE que—lamentablemente para nuestra imagen como país— le ha dado la vuelta al mundo, el Ministro de Medio Ambiente aduce sentirse “tranquilo” porque el Gobierno, según su punto de vista, actuó de manera correcta al otorgar el permiso a la empresa basado en estudios hidrológicos y ambientales. “Nos basamos en las leyes y en los procedimientos, por lo que el decreto de interés nacional y el permiso de minería fueron bien dados”, ha indicado el jerarca de MINAE. ¿Ahora bien, nos preguntamos cuál es el gran interés nacional que está de por medio para que el Ministerio autorice una mina a celo abierto que supone la tala de cerca de 192 hectáreas, incluido bosque virgen? ¿Cuál es el gran beneficio para el país?

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La cosa huele mal. En la documentación técnica de la explotación se indica que la empresa pretende la extracción de al menos 700.000 onzas de oro en sus diez años de permiso, lo que generaría a la unos 800 millones de dólares. ¿De eso, cuánto le va a quedar al país? Muy poco. Los representantes de la empresa aducen que generará 300 puestos de trabajo, y una serie de empleos colaterales. Con todo respeto, no hay que insultar la inteligencia de la gente. Si estuviéramos hablando de unos 10,000 empleos podríamos pensarlo un poco. Pero no. Si el precio que hay que pagar por 300 empleos (algo realmente mínimo para la tragedia laboral y económica que vive Guanacaste) es destrozar un bosque virgen con árboles preciosos de los cuales depende, inclusive, una fauna importante, y además permitir la exacción de 800 millones de dólares que se irán para el extranjero, mi respuesta es clara. No, gracias.

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En el fondo, sobre todo, está la cuestión medio ambiental. La protección del medio ambiente constituye una obligación básica en materia de derechos fundamentales. Nuestra Sala Constitucional debería sacar la cara en este asunto y resolver de acuerdo a su extensa e importante jurisprudencia de protección ecológica. Debería dejar claro que, puesto en la balanza, la defensa ambiental de la Costa Rica del futuro pesa más que las ganancias de un grupo de empresarios y sus intereses.-

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