 Jaime Ordóñez
Después de los escándalos en Comisión Legislativa y los muy evidentes fracasos de la concesión de obra pública en la Autopista a Caldera, el país debería hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esta figura.
La concesión de obra pública es un instrumento jurídico-administrativo muy interesante, útil en una serie de casos (cuando se trata de obras de gran envergadura técnica y financiera que exceden la capacidad de un Estado) pero absolutamente deformado en Costa Rica. El país debería hacer un alto en el camino antes de embarcarse con otra concesión en la autopista a San Ramón, y desde luego, en el gigante negocio de una concesión de US$ 980 millones de dólares del Puerto de Moín, resultado de un cartel de licitación donde sospechosamente sólo se presentó un oferente. Como si se tratara de un traje a la medida de Scaglietti!
La verdad, el asunto de Caldera huele muy mal. Primero, porqué se trató de un caso donde, también sospechosamente, sólo hubo un oferente y adjudicatario, cual le heredó el negocio al actual concesionario. Esto no debería suceder. Se presta a todo tipo de conjeturas y oscuridades administrativas y financieras. En muchos sistemas jurídicos del mundo, cuando existe un único oferente se anula inmediatamente el proceso y se formula un nuevo cartel de licitación.
Segundo, porque es una carretera que ya generó un gran daño ambiental. Un raspado de 12 metros que ha erosionado gravemente el Manto Acuífero de Barba, el cual surte de agua potencial a ciento de miles de costarricenses del GAM. Un daño ambiental gravísimo e irreparable, que pagarán las próximas generaciones de costarricenses (y nosotros también).
Tercero, porque fue construida con graves defectos que emergieron apenas seis meses después de construida, con los primeros aguaceros. Rellenos que se están hundiendo; capa asfáltica dañada y con mala mezcla; bases y pre-bases insuficientes que no cumplen los requerimientos técnicos; taludes mal diseñados que se han desmoronado causando graves accidentes, incluso la vida de conductores; gravísimos problemas de diseño.
Cuarto, todos esos defectos fueron advertidos por una empresa supervisora que señaló más de 215 anomalías. ¿Qué hizo el MOPT y el Concejo de Concesiones? ¿Obligar al concesionario a corregir las anomalías? No. Despedir a la empresa supervisora y cobrarle una multa millonaria. Y dejar a la concesionaria construir con todas las deficiencias, defectos e irregularidades que ahora están apareciendo.
Quinto, un contrato leonino y vergonzoso mediante el cual algunos de nuestros funcionarios públicos (quisiera saber quiénes fueron, y créanme que lo estoy averiguando) comprometieron al país a la barbaridad de cubrirle a la empresa extranjera—con sumas del erario público costarricense-- todo el dinero que ésta dejara de percibir debajo de determinando monto, en caso de que algunos meses disminuya la recaudación de peajes. El único caso del mundo en el cual el concesionario gana todo y no asume ningún riesgo. Todo huele muy mal.
Sexto (y hoy nos queda clarísimo a los costarricenses), una carretera que se inauguró en forma prematura, precipitada, a tropezones, con clara intencionalidad electoral. No se habían hecho los puentes peatonales, ni las paradas de buses, ni los descansos, ni muchas otras cosas. Una carretera, además, que puso peajes en muchos caminos vecinales, ya existentes, construidos muchos años antes con dinero público. Ya lo hemos dicho en otros artículos: algo muy podrido huele en Costa Rica.-
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