Página Abierta

Juan Manuel Villasuso

Hay frases que con pocas palabras explican a cabalidad realidades complejas. “El mercado se vició y el gobierno fue capturado por depredadores económicos con afán de enriquecimiento.”
Esta expresión de James Galbraith en su libro “Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too”, The Free Press, Agosto de 2008, resume de manera precisa lo que ha venido sucediendo en los últimos años en los Estados Unidos y otros países, Costa Rica incluido, donde se ha ensalzado al libre mercado para encubrir el secuestro del poder político y de las instituciones públicas por poderosos intereses económicos.

Contrario a lo que se predica, los gobiernos han empleado políticas intervencionistas en favor de grupos económicos influyentes que se han visto favorecidos por normas y disposiciones que les permiten no solo acceder a recursos del Estado, sino también a disfrutar de exoneraciones fiscales y apropiarse de actividades que se consideraba que debían de estar bajo la tutela del Estado por sus repercusiones sociales.

Galbraith es categórico cuando afirma que muchos elogian el libre mercado porque de esa forma ellos y sus amigos tienden un velo para hacer rapiña del erario público. Y añade que “grupos muy pequeños pero muy poderosos de los sectores financieros, de la energía y telecomunicaciones, la industria farmacéutica y militar y los grandes medios de comunicación han conformado y controlado el gobierno en los Estados Unidos”.

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Estos planteamientos de James Galbraith, que tienen como marco conceptual las categorías analíticas de la economía institucional y heredan de su padre, John Kenneth Galbraith, muchos de los argumentos planteados en el “Nuevo Estado Industrial”, parecen aplicarse como anillo al dedo al caso costarricense.

Durante los últimos gobiernos hemos visto cómo personas que están estrechamente vinculadas con el sector privado han ocupado posiciones prominentes en ministerios y entidades estatales, que son cruciales en un Estado Social de Derecho y esenciales para poner en práctica los principios de solidaridad en los que se ha sustentado la convivencia democrática de nuestro país.

Tres ámbitos son suficientes para ilustrar cómo instituciones públicas de la mayor relevancia han sido puestas en manos, no de políticos corruptos o de funcionarios inescrupulosos, sino de personas íntimamente ligadas al mundo empresarial privado, cuyo objetivo fundamental es el lucro: el sector financiero, el comercio exterior y las obras de infraestructura vial y transporte.

En estos tres casos se ha impulsado la liberalización financiera, la apertura comercial y la privatización por medio de las concesiones y la gestión interesada.

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Sin violentar las leyes, o modificándolas cuando resultaba necesario, los depredadores del Estado han orientado las políticas públicas en beneficio de sus grupos de pertenencia o referencia y han desmantelado instrumentos de política indispensables para lograr el bien común. De esta manera se han desvirtuado principios fundamentales de solidaridad y equidad.

La añeja pero permanente discusión sobre Estado y Mercado, cuánto de uno y cuánto del otro para alcanzar la fórmula que permita el crecimiento con equidad, debe dejar paso a un debate más concreto sobre los depredadores del Estado, esos que no solo se apropian de las instituciones públicas, sino que también corrompen los mercados al eliminar la regulación necesaria para su adecuado funcionamiento.