Página Abierta

Juan Manuel Villasuso

Los sucesos ocurridos en la Universidad de Costa Rica el pasado lunes 12 de abril son lamentables. No debieron producirse. Una mínima coordinación entre el Organismo de Investigación Judicial y las autoridades universitarias los habría evitado.

El ingreso al campus Rodrigo Facio de agentes del OIJ con el fin de detener a una persona sorprendida in fraganti en un acto de presunta corrupción se realizó de manera inconveniente y desacertada, a pesar de que las autoridades judiciales tuvieron tiempo suficiente para planificar el operativo policial.

Sin entrar a discutir el trasfondo jurídico de las acciones, que como en muchas materias legales depende de las diversas interpretaciones de los abogados; y con más razón en este caso donde los alcances de la autonomía universitaria constituye un elemento debatible, lo cierto es que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. Dos aspectos llaman la atención. Primero, la aparente impericia de la OIJ en la captura del sospechoso y, sobre todo, la imprevisión de su huída hacia la Universidad. Si tuvieron tiempo para marcar billetes y asignar a varios agentes al caso, ¿por qué no anticiparon la probable fuga y dedicaron unos minutos a conversar con las personas responsables de estos asuntos en la UCR para solicitarle su colaboración, como se señala que ha pasado en otras ocasiones?
Segundo, el enorme despliegue de las fuerzas policiales. A todas luces parece desmedido, a los ojos de un neófito, el gran número de efectivos que se destinaron, de manera expedita, para lidiar con una persona, que si bien se suponía estaba cometiendo un delito, seguramente no se podría calificar como de extrema peligrosidad. ¿O estaba destinado ese nutrido destacamento para hacer frente a las protestas de la comunidad universitaria más que a la aprehensión del criminal?
En cuanto a la forma en que estudiantes y profesores reaccionaron por la presencia de la policía en el recinto universitario, si bien no son justificables, sí resulta entendible que quienes ven a la UCR como su casa de enseñanza y Alma Mater hayan sentido gran molestia por la entrada intempestiva de un contingente uniformado, armado y con chalecos antibalas. Seguramente muchas personas reclamarían con igual vehemencia si irrumpieran de esa forma en su hogar, en el lugar de trabajo o en el colegio de sus hijos.

Pero los acontecimientos ocurridos también han servido para que afloren apreciaciones y criterios relacionados con la Universidad de Costa Rica, que trascienden lo sucedido y van más allá de la válida discusión sobre las derivaciones y límites de la autonomía universitaria. Reflejan sentimientos que preocupan.

Algunas de esas manifestaciones han querido aprovechar la oportunidad para afirmar que la UCR pretende crear un territorio independiente donde no se apliquen las leyes costarricenses. Nada más alejado de la verdad. Lo que se plantea es un respeto y una consideración básica al espacio universitario, el mismo que demandaría cualquier ciudadano. Que toquen la puerta antes de entrar.

Otras expresiones han sido más cáusticas y reflejan posiblemente resentimientos, intereses o visiones restringidas de la misión que debe cumplir una auténtica universidad, que no es solo el de formar profesionales para el mercado de trabajo, sino también el de fomentar la investigación y la acción social al tiempo que se promueve una visión crítica, en el sentido más amplio de la palabra, de la sociedad en la que vivimos. Esto último incomoda a algunos.