Página Abierta

Juan Manuel Villasuso

La semana pasada se celebró en Antigua, Guatemala, un “Encuentro sobre Gobernanza y Cohesión Social” organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP) y coauspiciado por la Agencia Española de Cooperación (AECID).

El evento tuvo como propósito examinar y discutir un documento analítico y propositivo sobre “pactos por la ciudadanía” elaborado por Jesús Ruiz y Juan Martín: “Iniciativa para la Cohesión Social en América Latina”.

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El estudio en consulta hace un diagnóstico sucinto pero riguroso de la evolución de los países latinoamericanos en los últimos años, considerando tanto lo económico como lo social, cultural y político.

Entre los elementos que caracterizan el devenir regional, se señala el bajo y volátil crecimiento, el aumento de la desigualdad, la mayor segmentación de los intereses y demandas, los efectos negativos de los cambios en el mundo del trabajo, la inseguridad, y la falta de confianza en instituciones básicas de la democracia.

Este conjunto de factores configura un escenario en el que se corre el riesgo de generar cada vez mayor desencanto entre la población, que busca más oportunidades y protección de las instituciones frentes a los múltiples cambios de sus entornos.

La propuesta de la FIAPP para superar el actual estado de cosas tiene como eje central la cohesión social, la cual incluye conceptos como inclusión, equidad distributiva, diálogo, ética, pertenencia e identidad; y se concibe como un fin pero también como un medio.

Como fin, la cohesión social debe ser objetivo de las políticas públicas para que todos los miembros de la sociedad se sientan parte activa, aporten al progreso y se beneficien del mismo. Como medio, debe contribuir a legitimar las instituciones, crear ciudadanía y enfrentar situaciones adversas.

Para ambos propósitos, los actores sociales deben asumirse como integrantes de un todo y estar dispuestos a ceder algunos de sus intereses en aras del beneficio colectivo. Los “pactos por la ciudadanía” serían el mecanismo que consagraría los acuerdos.

El análisis de la FIAPP, relevante y estimulante, también suscita interrogantes que merecen abordarse para poder valorar la viabilidad de estos pactos. Algunas refieren a las causas, otras a los requisitos para el diálogo y la última a las garantías de cumplimiento.

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¿Cuáles son las causas que están provocando el aumento de la desigualdad, la mayor fragmentación y exclusión social, la concentración del ingreso y la pérdida de confianza en las instituciones? ¿Son el resultado de los cambios en el sistema económico, de fallas en los regímenes políticos y en las normativas electorales, o del fortalecimiento de factores de poder que han logrado aglutinarse e imponerse, penetrando instituciones y acomodando el “estado de derecho” a su conveniencia?
¿Cómo definir de manera concreta el concepto de ciudadanía, ligado a garantías y responsabilidades específicas, distinguiendo con claridad entre derechos y mercancías? ¿Cómo identificar y convocar a los actores para dialogar y pactar? Algunos han sido objeto de descalificación a lo largo del tiempo, otros son los ganadores que poco beneficio verán en un ejercicio de negociación.

Y por último, ¿cómo propiciar el diálogo cuando la cultura de la confrontación y la imposición es la que impera, y el incumplimiento de compromisos anteriores aun está fresco en la memoria social?
Valdría la pena tratar de responder estas preguntas.