Página Abierta

Juan Manuel Villasuso

Hace un año, a principios de noviembre del 2009, el tipo de cambio de venta del dólar respecto al colón era de 586. A la fecha es de 519. Eso significa una revaluación de la moneda nacional de aproximadamente un 13%.

La causa de este fenómeno es evidente: la oferta de dólares en los últimos meses ha sido mayor que la demanda y eso ha forzado a la baja el precio de la divisa estadounidense. Comprar un dólar actualmente es un 13% más barato que doce meses atrás.

La explicación de semejante abundancia de dólares, que no se concilia con la lenta recuperación de las exportaciones y del turismo, ni con la merma en la inversión extranjera y las remesas, resulta ahora bastante clara. Se debe esencialmente a la acción especulativa del capital internacional de corto plazo, el llamado capital “golondrina”, que se aleja de los mercados con bajas tasas de interés, como Estados Unidos y Europa, y se dirige hacia economías como la costarricense que retribuye réditos más elevados.

Las consecuencias de esta revaluación de la moneda nacional (o devaluación del dólar) son diversas y tiene consecuencias diferentes para los distintos actores económicos: familias, empresas y gobierno, dependiendo de su relación con el dólar.

En términos generales, porque existen matices, quienes obtienen sus ingresos en dólares pero realizan los gastos en colones, resultan perjudicados por la revaluación, ya que al convertir la moneda extranjera en colones reciben menos que en el pasado. Ese es el caso de los exportadores, que difícilmente pueden variar el precio de sus productos por razones de competitividad, pero la mayoría de sus costos de producción se pagan en moneda nacional. También aplica a los acreedores que prestaron en dólares pero reciben los pagos en colones.

Caso contrario es el de aquellos que perciben los ingresos en colones y realizan sus gastos en dólares, que son ganadores por la revaluación. Entre estos están los comerciantes importadores, los deudores en dólares que amortizan en moneda nacional y el gobierno en lo que concierne a la deuda pública externa.

Frente a este escenario, que tiene serias consecuencias macroeconómicas y de carácter distributivo para las personas y los sectores económicos, ¿qué debe hacerse y qué puede hacerse?

Las dos interrogantes, desde luego, van dirigidas a quienes tienen la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones en esta materia, es decir, el gobierno y el Banco Central, que son los “centros de decisión” encargados de formular y ejecutar la política económica.

La primera cuestión es de naturaleza normativa y la respuesta debe referir a consideraciones filosóficas, éticas y políticas. ¿Cuáles variables privilegiar: estabilidad, crecimiento, producción exportable, consumo interno, etc.? ¿A qué actores económicos beneficiar y a cuáles perjudicar con la inacción o la intervención en el mercado cambiario? ¿Dependerá la decisión de la influencia de los grupos de presión que defienden sus intereses particulares?
La segunda pregunta sobre lo que puede hacerse incluye un abanico de opciones para encarar la revaluación y frenar la llegada del capital especulativo internacional. Algunas han sido legitimadas, e incluso recomendadas recientemente por el Fondo Monetario Internacional: control de capitales, reducción de las tasas de interés y aumento de las reservas internacionales. Otra, menos ortodoxa, propondría el gravamen a las transacciones internacionales, es decir, la aplicación de la tasa Tobin.