Página Abierta

Mario Quirós Lara (*)

Los controles de calidad se desbarataron, poco a poco, durante la ejecución de obras para la vía San José-Caldera. En tales condiciones, el país no debe proceder con ninguna otra concesión. Nunca quiso la Administración nombrar el órgano fiscalizador previsto en el contrato; se suspendieron los efectos de la supervisión y se concentró la obra en manos de una consultoría externa llamada Gerencia de Proyecto. Además, el Secretario Técnico de Concesiones, empleado de la Contraloría, ordenó en el 2009 y en el 2010 que solo se verificara visualmente la construcción para autorizar pronto el cobro de peajes a la concesionaria. La obra quedó sin ingeniería de supervisión durante todo un cuatrimestre, a finales del 2009.

El Contrato establece que la puesta en servicio provisional de la obra no puede realizarse si existen obras no terminadas o si se pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Sin embargo, los jerarcas facilitaron inaugurar lo inacabado y lo peligroso.

Fallaron las advertencias acerca del acuífero de Barva, dañado impunemente; se facilitó que miles de metros cúbicos de material fueran lanzados a los cuerpos de agua y a vista y paciencia de la Gerente del Proyecto. No se atendió la seguridad de los usuarios por los taludes superiores ni los de relleno. Tampoco se evitó que la vía férrea penda inutilizada sobre un abismo, ni que se destruyera el acueducto a Caldera… Con la colaboración de la Contraloría se contrató y pagó, a la misma concesionaria y sin licitación, la radial Hatillo-Alajuelita en la cual también hay derrumbes y graves carencias de seguridad vial.

Advertencias ignoradas. Otra empresa consultora informó, la noche antes de la inauguración, que las obras no estaban terminadas, ni siquiera colocada la totalidad de los dispositivos de seguridad vial especificados. Pero valieron más los infundados pretextos de la concesionaria. Una vez inaugurada la vía, Lanamme y el Colegio de Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) advirtieron del peligro de mantenerla abierta. Tampoco oyeron nada los jerarcas y la concesionaria cobra aún, tarifa completa, por obras incompletas.

Así se concluye de un reciente Foro de Reflexión acerca de la Construcción Sostenible realizado en el auditorio del Lanamme, en la Universidad de Costa Rica, por la Comisión de Construcción Sostenible del Colegio de Ingenieros Civiles del CFIA.

Los jerarcas del MOPT y la concesionaria sabían, por el Estudio de Impacto Ambiental (1998), de las condiciones geológicas de las zonas donde se producen los derrumbes y de la necesidad de obras como muros o túneles. Se reconocieron a la concesionaria $3 millones para atender las obras requeridas en una solución técnica a cambio de no expropiar más terrenos. En el 2007, la Administración Arias reconoció, de nuevo por cuenta de los bolsillos nacionales, unos $25 millones adicionales para las obras en la zona con problemas, y alargó seis meses el plazo a la concesionaria para que terminara bien las obras.

Supervisión peculiar. Habían dos obstáculos para evitar que la concesionaria iniciara el cobro de peajes sin terminar las obras ni verificar la calidad, como correspondía: los ingenieros supervisores y la Comisión de Aceptación de Puesta en Servicio (CAPS).

Con el concurso de la Contraloría, se eliminó del Contrato la participación del ingeniero supervisor en la puesta en servicio provisional. Se sustituyó esta potestad en la consultora contratada como gerente del proyecto, quien mantuvo el cargo de Gerente del Proyecto San José-San Ramón. Lo peculiar de esa contratación es que, a pesar de que la contratación de la consultoría original de Gerencia para San José-San Ramón fue objetada, por incumplir los requisitos idóneos, se le contrataron no una, sino dos gerencias simultáneas, con el mimo de la Contraloría, al añadirse la labor gerencial de San José-Caldera y los honorarios. Al que no quiere caldo…dos tazas.

La empresa supervisora recibió una furiosa reprimenda del Secretario Técnico y de la gerente del proyecto, en vez de una felicitación, por haber informado de las “no-conformidades” de la obra a una ingeniera nombrada por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y encargada de opinar técnicamente sobre la puesta en servicio provisional. La ingeniera renunció, por razones personales y fue sustituida. La empresa supervisora fue removida pronto y la CAPS recibió del Secretario “Técnico” la urgente orden de solo verificar visualmente la calidad.

Al Foro de Reflexión, aunque fueron invitados representantes, no se presentó ninguno de la Concesionaria, ni del Conavi, ni del Consejo de Concesiones, entidades que se ocultan en el opaco oportunismo del silencio y se ocupan para que la misma concesionaria obtenga la Concesión San José-San Ramón. ¿Mérito por millones de mala calidad?
*Exdiputado del Movimiento Libertario.