Página Abierta

Gerardo Fumero Paniagua (*)

La Sala Constitucional, en respuesta a un Recurso de Amparo promovido por el Lic. Juan Manuel Campos Ávila, argumentando que el proceso de apertura en telecomunicaciones está atrasado, ordenó el 30 de julio del 2010, Voto No. 2010012790, adjudicar las concesiones para celular en tres meses, obviando todos los errores -y los horrores- aun sin resolver, cometidos por los responsables de este proceso. Algunos de los abusos tendrán que ser resueltos por la misma instancia constitucional que ahora apura el paso, sin reparar en que meses después podría tener que retroceder.

Insistentemente, intereses privados y aún entidades del Gobierno han responsabilizado al ICE del supuesto atraso. Sin embargo, si se revisa lo actuado, no se puede concluir más que los responsables son, en primera instancia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa (G-38) del anterior Gobierno, pues en una carrera desenfrenada –borrachos de poder después del referéndum- cometieron muchos errores, y el ente Rector, el MINAET, y el ente Regulador, la SUTEL, en una segunda fase. Veamos por qué.

Responsabilidad del G-38:
1) Eliminó el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones de la Ley 8660, pero conservó las funciones que le había asignado en la Ley 8642.

2) Definió las “redes privadas” como aquellas del usuario para su propio uso; no están autorizadas, por tanto, las empresas a brindar ese servicio a terceros, significa que no se abrieron al mercado, como exige el TLC.

Responsabilidad del anterior Poder Ejecutivo:
3) Obligó al ICE a devolver la mitad del espectro radioeléctrico que tenía asignado para celular al amparo de la Ley 3226, mediante la firma de un “Acuerdo”; 208 MHz que hoy corren para concesionar a tres transnacionales privadas.

4) Dispuso por decreto del espectro asignado al ICE para enlaces fijos de microondas, al convertirlo en espectro de “uso no exclusivo”, para poder concesionarlo también a las transnacionales privadas que brindarán servicios móviles.

5) Dispuso por decreto, contraviniendo la misma Ley 8660, que el ICE se regirá en adelante por el derecho privado y no por el derecho público, como corresponde a toda institución del Estado.

6) Modificó, contra la misma Ley 8642, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (actualizado en mayo del 2009), mediante Decreto Ejecutivo de abril del 2010, para poder adjudicar directamente y no por concurso, espectro para televisión y complacer así poderosos intereses privados y transnacionales.

Responsabilidad del MINAET
7) Puso en vigencia, junto con el Poder Ejecutivo, un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, contraviniendo toda la normativa legal, al no haberlo coordinado adecuadamente con el Ministerio de Planificación Nacional, no haberlo dado a conocer mediante Decreto Ejecutivo y no haberlo publicado en la Gaceta.

Responsabilidad de la ARESEP:
8) Mantuvo durante meses diferencias de criterio en relación con el presupuesto que debía asignársele a la SUTEL, lo que le imposibilitó a esta última entidad la contratación oportuna de recursos humanos y otros.

Responsabilidad de la SUTEL:
9) Contrató la firma extranjera Telecom Management Group y la firma nacional BLP Abogados, para la confección del Cartel con que se otorgarán las concesiones de celular, siendo esta última empresa asesora legal de Digicel, una transnacional interesada en el Concurso.

10) Dio a conocer en enero del 2010 las bases del Cartel de Licitación para el Concurso, entregó en mayo el borrador del cartel y lo publicará en agosto, luego de 8 meses en “revisión”.

11) Impuso, desconociendo sus propios reglamentos, tarifas de interconexión que implicarían entregar recursos públicos (del Estado), a través de tarifas subsidiadas a las operadoras privadas, muchas transnacionales.

12) Otorgó decenas de “autorizaciones” para redes privadas, todas ilegales.

Cada uno de estos errores o abusos deberá ser enmendado o aclarado en los tribunales de justicia, algunos ya están planteados en tales instancias, los demás llegarán este mes.

Mal haría entonces el Gobierno en seguir adelante con un proceso que tendrá que enfrentar todavía seis acciones de inconstitucionalidad o juicios contencioso-administrativos. ¿Será que algunos no quieren aprender (o que conscientemente no les interesa hacerlo) de la experiencia de Crucitas, por ejemplo, que hoy se atreve a cobrar –al amparo del TLC por supuesto- $2.000 millones de dólares para no destruir nuestra naturaleza? Sin TLC la empresa Harken lo intentó también, pero fracasó. Sin embargo, a partir del TLC sí es un gran negocio obtener una concesión aunque sea mal habida, ilegal, enredada o entregada sin concurso -caso Millicom-, porque igualmente conllevaría millones de dólares en indemnizaciones por parte del Estado, no por parte de quienes actúan en forma tan irresponsable. ¿Será por eso que les importa un comino continuar con el proceso, a pesar del riesgo de tales demandas?
*Ingeniero