Página Abierta

Juan Manuel Campos Ávila*

Tras la dimisión de Eduardo Zaplana como diputado y portavoz del Partido Popular en España para asumir el cargo de delegado de Telefónica en la Unión Europea en el año 2008, varios medios europeos, en particular españoles, reabrieron el debate sobre ética, política y telecomunicaciones.

La pregunta que en general rondaba trataba de resolver las razones que tenían distintas compañías para fichar particularmente a políticos para encargarse de temas relacionados con la industria del lobby. El diario digital Cinco Dias.com respondía que no era la primera vez que empresas de telecomunicaciones recurrían  a políticos. Afirmaban en aquella oportunidad que  “las relaciones de Zaplana con Berlusconi son uno de los justificantes esgrimidos para el fichaje, que disparará el sueldo del ya ex político”, y agregaban que  “ fuentes de Telefónica aseguran que Zaplana es amigo personal de Silvio Berlusconi, primer ministro electo italiano, una circunstancia que se da por muy bienvenida ahora que la española ha entrado en el capital de Telecom Italia, pero obligada a aliarse con socios nacionales para evitar los recelos patrios a la presencia extranjera en su principal operadora.  
Lobby y fichajes políticos. Casos similares relacionados con fichajes políticos han ocurrido en América Latina. Baste recordar la relación Felipe González-Carlos Slim.

Como se observa, el debate no es nuevo y la incursión de políticos en la industria de telecomunicaciones tampoco lo es. A fin de cuentas esta industria  siempre será una tentación entre quienes persiguen cambios y beneficios particulares vía lobby, y quienes preferimos la consulta pública transparente. Lo que importa al final de la historia es  que el funcionario público sea comedido, y que guarde en la garantía de trato el principio de igualdad constitucional que nos gobierna; en síntesis, la transparencia.

El problema como se observa  no es el trabajo mismo de los políticos, ni las horas profesionales que le cobren a sus clientes, ni los bonos de éxito que podrían pactar-si se obtienen lícitamente-, el problema es que el Estado y los otros políticos, los que gobiernan y ejercen el poder, nos puedan garantizar un ambiente justo y digno.

Concesión directa. A propósito de estos temas sobre los que hoy reflexiono, y por esos azares que a veces uno no logra comprender, he tenido la oportunidad de analizar con detalle varios procesos de concesión directa de frecuencias  que, si bien aún no concluyen con el título respectivo, produjeron cambios sustanciales en el ordenamiento jurídico  que posibilitó, por vía de una modificación al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias,  que se pudiere optar por concesiones directas sin costo para el ( o los ) petente (s), sin ingresos para el Estado, y al menos en un caso, en abierta violación al artículo 134 del Reglamento de Telecomunicaciones vigente, el cual ordena concurso público para las concesiones de televisión por suscripción.

Al final de esta historia de ética, política y telecomunicaciones queda pendiente y por resolver si las modificaciones introducidas al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias,  y vigentes desde el 20 de abril del presente año bajo el mando del entonces Presidente don Oscar Arias Sánchez, facilitaron o no el trámite de una conocida multinacional para la obtención de una concesión directa para la explotación de servicios de telecomunicaciones.

*Socio consultor de Ciber Regulación.