Página Abierta

Carlos Pérez Vargas*

En estos días se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto 14757 que pretende reformar el inciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, para darle al agua carácter de bien de dominio público. En la justificación se indica: “… estimamos necesario consignar con rango constitucional el carácter público del recurso y sujetarlo a los procedimientos gravosos de disposiciones que ya contempla la propia Constitución para otros recursos, como los minerales y la energía hidráulica”. Esto implica que el Estado deberá tomar las medidas necesarias para proteger el recurso y garantizar su disfrute.

Desde el momento mismo de su fundación, el Partido Liberación Nacional se ha caracterizado por defender los recursos naturales, al considerarlos un derecho imprescindible y necesario para el desarrollo humano sostenible.

Décadas de esfuerzo y trabajo tesonero de muchas personas, la mayoría integrantes de nuestro partido, no sólo en medios nacionales, sino también en foros internacionales, han colocado a Costa Rica en posición privilegiada y de respeto en la protección de ese recurso.

Dominio público. En el V Congreso Nacional “Daniel Oduber”, celebrado en el 2002, el Partido Liberación Nacional manifestó: “Un problema ambiental de dimensiones tan considerables no puede seguir siendo soslayado. Los liberacionistas creemos que los recursos hídricos – el agua – deben estar protegidos a nivel constitucional, definiendo su naturaleza de bien de dominio público (bien demanial) y su papel estratégico para el desarrollo del país. Ante los riesgos de la mercantilización que amenaza a este tipo de recursos, urge una estrategia nacional de manejo del agua, del manejo integral de las cuencas y de los recursos hídricos en general, con una visión transversal, intersectorial e interinstitucional, con el objetivo de preservar el agua y los recursos hídricos para sus diferentes usos presentes y futuros y garantizando siempre el derecho de todos al disfrute solidario de este recurso. Las instituciones públicas deben estar en capacidad de hacer efectiva esta protección.”
Por ese motivo, me sorprendió leer en los medios de comunicación que la fracción liberacionista retiraba el apoyo a la propuesta inicial. Algunos han sostenido que lo más conveniente es declarar el recurso hídrico como un derecho humano. Esta situación no tiene objeciones, pues es claro que el acceso al agua es un derecho fundamental para todas las sociedades. Sin embargo, la verdadera problemática está en quienes aspiran al control privado y lucrativo del recurso. Por ello, debemos mantenernos con la propuesta original, que pretende asegurarlo constitucionalmente como un bien de dominio público.

Al respecto, la Sala Constitucional (#2306-91) señaló que: "El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son llamados (…) bienes demaniales, (…) que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir, (…) esos bienes pertenecen al Estado (…) son inalienables, imprescriptibles, inembargables, (…) Como están fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la propiedad (…) lo que se pone en manos del particular es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado el dominio directo sobre la cosa”.

Máxima protección. Nuestro país ha respaldado y avalado todas las iniciativas internacionales relacionadas con la protección de los derechos humanos y particularmente con la defensa del medio ambiente. Este reconocimiento conlleva también para el Estado, una serie de obligaciones ineludibles. Específicamente, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fijan límites a la toma de decisiones cuando se trata de bienes públicos; al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone la obligación de respetar y proteger. Esto implica que el Estado debe proteger o impedir que terceros afecten su disfrute (denegar el acceso, contaminar, sobreexplotar el recurso) y actuar dándole prioridad a los grupos que por su condición, requieren la garantía de su cumplimiento.

Por lo tanto, la discusión debería encaminarse a lograr el objetivo común de otorgarle la máxima protección a ese recurso natural; considerar que el agua, desde su surgimiento en las entrañas de la tierra, es un recurso que nos pertenece a todos y, por tanto, no puede ni debe salir del dominio del Estado.

*Exdiputado PLN