Página Abierta

Juan Manuel Campos Ávila*

El próximo 30 de junio se cumplirán dos años de la promulgación de la ley general de telecomunicaciones, primera de dos leyes con las que se organizó esta industria. La Asamblea Legislativa anterior le legó al país una regulación óptima, con la que se cubrió en debida forma los intereses de los consumidores, y contamos con un buen balance entre liberalización y regulación. El régimen de interconexión, la concesión de frecuencias, las autorizaciones para ingresar al mercado, así como las sanciones, pasando por la convergencia de servicios están bien tratados: contamos con una legislación de primera.

Una historia tan bien escrita por el país no podía ser cierta, en algún lugar tenía que estar el detalle o los detalles; y bien, éstos empezaron a salir. Apenas se intentó llenar las vacantes de los miembros del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el proceso se politizó, y pasó de una ratificación técnica a una política.

Una vez concluido el proceso de selección de los reguladores, venía el proceso más difícil, que los escogidos como reguladores corrieran y construyeran su casa, pero no contábamos con que la Sutel no estaba preparada para asumir todas las tareas que la ley le encomendó. Había varios factores en juego: inexperiencia, poco personal, problemas de equipamiento, pero ante todo la confrontación con la entidad a la que pertenecen, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Por el lado del Poder Ejecutivo, un viceministerio creado para liderar las políticas de Estado y la apertura móvil debió enfrentar la resistencia de un ICE que escogió como camino de la competencia la obstaculización de todos los procesos.

Es paradójico que un país que pretende abrir su mercado de telecomunicaciones tenga que vivir a expensas de lo que el ICE quiera entregarle al gobierno para garantizar la competencia.

La liberalización del sector de telecomunicaciones no es sinónimo de resistencia institucional, no es la mala praxis de la Sutel o el mal manejo que ha hecho el Poder Ejecutivo en el rescate de frecuencias. Es la voluntad de quiénes detentan el poder en el anterior y actual gobierno, es en síntesis la aplicación de un poco de sentido común y, si se tiene duda o no se sabe, pues esto se resuelve fácil. Basta con contratar a un buen asesor que revise los procesos y que al final, con los resultados, simplemente se tomen decisiones.

Lo que resulta imperdonable hoy es que el tiempo pase, que perdamos la oportunidad de nuevas inversiones, que le ofrezcamos al consumidor nuevos productos, pero que fundamentalmente le garanticemos a nuestros jóvenes un mejor porvenir. No son obra de la casualidad los estudios de economistas como Waverman, Meschi y Fuss, que estiman que un aumento del 10% en la penetración de servicios móviles tiene un impacto de 0,6% en el PIB, en países en desarrollo, y los del Banco Mundial (Qiang-Rossotto) que muestran que un incremento del 10% en la penetración de servicios de Banda Ancha incrementa el PIB en 1,38%.

¿Que estamos esperando?

*Socio consultor de Ciber Regulación.