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La inseguridad ciudadana ha aumentado en Costa Rica. La ciudadanía exige y merece respuestas adecuadas. Hay que ser crítico con la demagogia que surge alrededor de este problema.

Debemos estar alertas frente a soluciones simplistas que se centran exclusivamente en “mano dura” e intolerancia, cuando estos remedios han demostrado ser ineficaces en otros países, como lo han constatado serias investigaciones científicas.

Las causas, no los síntomas

La delincuencia debe ser castigada, sí; pero es necesario ir más allá. Si queremos enfrentar los problemas que surgen de la comisión de delitos, debemos entender las causas. Factores sociales y culturales como la inequidad, la exclusión y la desigual distribución de la riqueza son presupuestos que no pueden dejar de analizarse.

Quienes firmamos hacemos un llamado a la opinión pública para que el tema de la inseguridad sea tratado racionalmente y evitar que el miedo sea el que rija las decisiones. Aspiramos a vivir en un Estado Social de Derecho. No queremos una sociedad que sea movida por deseos de venganza o por la explotación demagógica del legítimo dolor de las víctimas.

Garantismo es buena palabra

Las garantías de las libertades personales inscritas en las constituciones conforman uno de los grandes logros de nuestra civilización. Estas garantías son un límite frente a los abusos del poder punitivo del Estado.

El garantismo no es mala palabra, como lo han querido presentar algunos. Garantismo significa la sujeción al derecho de todas las entidades del Estado o de particulares; ello mediante controles legales y jurisdiccionales. Se impide así la formación de poderes absolutos, sean públicos o privados.

Enfoques erróneos

Quienes plantean que la solución a los problemas de inseguridad es aumentar la represión, se apoyan en mensajes simplistas. Buscan que la indignación que causan los hechos delictivos se traduzca en un apoyo inmediato a sus propuestas represivas.

La impunidad, por supuesto, debe evitarse; pero también se debe sortear el horror de tener inocentes en las cárceles. No toda persona denunciada es, por fuerza de la denuncia, culpable de los hechos que se le achacan.

La justicia no solo debe ser pronta sino también mesurada. Condenar inocentes en nombre del “eficientismo” penal, es una aberración.

La protección a las víctimas

Se ha pretendido contraponer los derechos de las víctimas a los del imputado, cuando lo cierto es que ambos derechos son compatibles. En verdad lo que existe es un equilibrio en el proceso.

Las víctimas no están desprotegidas en nuestro contexto. La legislación procesal penal (1996) protege los derechos de intervención de la víctima; asegura a la parte ofendida la información que requiere y se preocupa de sus necesidades judiciales y jurídicas, así como de la reparación del daño causado. La recientemente aprobada Ley de Protección a Víctimas y Testigos viene a ampliar aún más esa protección.

Alto encarcelamiento y prisión preventiva como adelanto de la pena

Se alega alcahuetería en el trato con la delincuencia. El argumento más corriente es que los delincuentes son detenidos y al poco tiempo son puestos en libertad. Lo cierto es que Costa Rica es un país con altas tasas de encerramiento. La tasa de privados de libertad pasó de 105 por cien mil habitantes en 1992 a 206 en 2008. No es cierto que el sistema penal sea “suave” con los delincuentes.

Políticas integrales

La respuesta del sistema penal al problema del delito es solo una parte de la solución al grave asunto de la inseguridad ciudadana. El Estado debe ofrecer, paralelamente, una política social y económica más inclusiva, más y mejores oportunidades de estudio, recreación y trabajo; así como condiciones favorables para el desarrollo humano de la población más joven.

Debe también el Estado suministrar mejores recursos e instrumentos de trabajo para jueces, fiscales, policías y defensores públicos. Los recursos legales son indispensables para una mayor eficiencia y eficacia de la acción del sistema de justicia. Sin embargo hay que afirmar, contundentemente, que la delincuencia no se origina en la insuficiencia de los códigos, sino en un contexto social de desigualdad que no puede ser resuelto con más represión.

La convergencia de diversas políticas (económica, social y educativa) es el camino apropiado. Insistir en la represión solo lleva a la destrucción de nuestro Estado de Derecho y a entrar en un círculo vicioso que pretende resolver violencia con más violencia.

No cambiemos nuestra libertad, y sus garantías, por una huidiza “seguridad”. Recordemos las palabras de Benjamín Franklin: “Aquellos dispuestos a entregar libertades esenciales para obtener un poco de seguridad temporal no merecen estar seguros ni tampoco ser libres.”

Luis Paulino Mora Mora, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

José Manuel Arroyo Gutiérrez, Magistrado de la Sala Tercera CSJ

Francisco Dall'Anese Ruiz, Fiscal General de la República

Fernando Cruz Castro, Magistrado de la Sala Constitucional CSJ

Marta Iris Muñoz Cascante, Jefa de la Defensa Pública

Daniel González Alvarez, Exmagistrado de la Sala Tercera CSJ

Alfonso Cháves Ramírez, Exmagistrado de la Sala Tercera CSJ

Mario A. Houed V., Abogado penalista

Henning Jensen P., Vicerrector de Investigación U.C.R.

Javier Llobet Rodríguez, Director de la Maestría en Ciencias Penales UCR

Douglas Durán Chavarría, Director de la Maestría en Criminología UNED

José Carlos Chinchilla, Director de la Maestría en Administración de Justicia de la UNA

Constantino Urcuyo Fournier, Exdiputado y Catedrático Universitario

Carlos Tiffer, Abogado y Profesor Universitario

Nora Garita Bonilla, Catedrática UCR

Jaime Ordóñez, Director de la Cátedra de Teoría del Estado, UCR

Mónica Vul, Investigadora de la Universidad de Costa Rica

Alberto Cortés Ramos, Profesor Escuela de Ciencias Políticas UCR

Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, Investigadora Inst. de Invest. Sociales UCR

Edgar Gutiérrez Espeleta, Director Escuela de Estadística UCR

Gustavo Gutiérrez Espeleta, Director Escuela de Biología UCR

Olga Marta Mena Pacheco, Profesora universitaria

Rita Maxera, Profesora Facultad de Derecho UCR

Estela Santamaría, Profesora UNED / UCR

Giselle Boza, Directora del Sistema Radiofónico UCR

Alfredo Chirino Sánchez, Juez de Casación Penal

Martín Rodríguez Miranda, Juez de Casación Penal

Alejandro Rojas A., Subjefe de la Defensa Pública

Roy Murillo Rodríguez, Juez de Ejecución de la Pena

David Fallas, Juez

Raymond Porter Aguilar, Fiscal Coordinador, Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.

Celso Gamboa Sánchez, Fiscal Adjunto, Segundo Circuito Judicial de San José

J. Federico Campos Calderón, Abogado penalista

Alexander Rodríguez Campos, Abogado penalista

Walter Antillón M., exdecano de la Facultad de Derecho UCR.

Cecilia Sánchez Romero, abogada

Agustín Páez Montalbán, médico

Rosario Fernández Vindas, abogada

Rosaura Chinchilla Calderón, abogada

María Elena Villalobos Campos

Lucila Monge Pizarro, abogada

Carmen Aguilar, abogada

Christian Fernández Mora, abogado

Pablo Salazar, Abogado

Norberto Garay, abogado

William Barquero Bogantes, abogado

Gonzalo Elizondo Breedy, abogado

Hans Leandro Carranza, abogado

Natalia Gamboa Sánchez, abogada