| Minería y política del miedo |
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| Escrito por Redacción |
| Miércoles 01 de Septiembre de 2010 21:06 |
Sergio Rivera*
Los argumentos que se esgrimen en contra de estas actividades giran en torno al impacto ambiental, el deterioro social y por supuesto, al rayado argumento de la pérdida de riqueza y soberanía a manos de las terribles transnacionales. En este momento, no me voy a referir a los temas sociales ni a los ideológicos, y únicamente centraré mi atención en el riesgo real o percibido que corre el ambiente bajo las condiciones de explotación minera y petrolera. Tomando en cuenta los recientes acontecimientos en el Golfo de México, podemos sospechar que el razonamiento de la Señora Presidente quizás tenga su fundamento en un análisis de riesgo y un balance entre el costo y el beneficio ambiental de estas actividades. Como argumentan los opositores a la exploración y explotación minera y petrolera, los beneficios más grandes de estas actividades son repartidos entre los accionistas de las empresas, dejando en el país una proporción muy pequeña de estos; mientras que los costos, en caso de un accidente ambiental, son distribuidos entre todas las partes interesadas, incluyendo gobierno, comunidades, niños, ancianos, especies en peligro de extinción y mas. Es cierto que estas actividades cuentan con un potencial de generar grandes impactos negativos, y por esto el análisis ambiental y social deberá ser antepuesto a cualquier balance económico, pero no debemos caer en la tentación de paralizarnos por el miedo y creer que un país donde los niveles de consumo de materiales y energía crecen constantemente puede darse el lujo de cerrar los ojos ante el crecimiento industrial y las obligaciones que esto trae. En Costa Rica solamente han existido tres minas de oro a cielo abierto: Macacona, Río Chiquito y Bellavista. Todas de relativamente corta vida, y la exploración petrolera ha sido muy esporádica y se ha distribuido temporalmente durante todo el siglo XX. En ningún caso ha sido posible recopilar evidencia objetiva de impactos ambientales o de salud tan graves como para justificar la propuesta actitud del Ejecutivo. Los opositores a las mencionadas actividades justifican sus decisiones en las experiencias de otros países y los ejemplos negativos que en estos se han dado. Es muy cierto que estos ejemplos existen, pero me pregunto si se han tomado en cuenta los ejemplos positivos que también hay en esos mismos países. También me pregunto por qué en países como Suecia y Noruega, con altísimos estándares ambientales, la minería a cielo abierto y la explotación petrolera no han sido declaradas non gratas. Una cosa es tener una agenda conservadora que proteja los intereses de la mayoría, y otra es tener miedo de enfrentar retos y prepararse para buscar el desarrollo. La meta de ser un país desarrollado no se alcanza metiendo la cabeza bajo la arena, sino preparándonos y dando la cara a los retos del desarrollo, y esto se logra mediante el fortalecimiento de las instituciones del Estado, para que puedan hacer estrictas evaluaciones de los proyectos antes de su aprobación y llevar un efectivo control de las actividades que podrían impactar el medio. La viabilidad ambiental de un proyecto minero, petrolero o de otro tipo, no se determina en la Sala IV, ni en los tribunales de justicia, ni mucho menos por decreto ejecutivo. Esto se debe hacer en las oficinas del MINAET y después de un análisis técnico exhaustivo. In dubio pro natura. Este concepto, un favorito de los opositores a la minería y la exploración petrolera, nos dice que cuando existe duda se debe favorecer a la naturaleza. Tiene su fundamento filosófico en que la naturaleza debe ser protegida hasta que no se determine con algún grado de certeza el nivel de impacto que sufrirá el ambiente. A partir de ahí, entonces el Estado determinará si este impacto ambiental se acepta y si las medidas de mitigación y compensación propuestas por el desarrollador son suficientes. Si esto se cumpliera a cabalidad, entonces no habría por que declarar moratorias indefinidas en actividades productivas, y más bien se debería fortalecer las instituciones encargadas de la aprobación y vigilancia del desempeño ambiental de estas actividades. Lamentablemente pareciera que este noble concepto de proteger al más débil es solamente una excusa para arrastrar los pies y no tomar decisiones ni asignar recursos. ¿Miedo a quien? Si el miedo a lo desconocido es suficiente para que el Ejecutivo clasifique a estas actividades como non gratas y de facto dictamine que su balance es negativo, no podemos esperar mucho más en cuanto a otros temas de interés para el país. Si el Ejecutivo está tratando de decirnos que esta decisión está basada en que los impactos de estas actividades son tan grandes que ni siquiera vale la pena someterlos a evaluación ambiental, entonces me pregunto qué pasará con otros proyectos de alto impacto como carreteras, puertos, refinerías, oleoductos y represas hidroeléctricas, que a diferencia de las minas de oro y los pozos petroleros, tienen vidas e impactos de muchísima mas duración. El discurso populista-ambientalista en contra de la minería y el petróleo ha sido la caja de resonancia de aquellos que nacieron muy tarde para participar en los movimientos populares de los 70’s y 80’s, cuando muchos compatriotas se sintieron llamados por el canto de las sirenas revolucionarias que prometían desde la montaña nicaragüense cubrirlos con faenas de gloria y honor. La gran mayoría, por supuesto, no pasó de hacer marchas y cantar trova en los bares cercanos a la UCR. Estos ambientalistas de ahora andan desesperadamente buscando su 24 de abril y para lograrlo han montado una campaña de desinformación, cuyo objetivo es meter miedo entre la población sobre las consecuencias ambientales de estas actividades. Esta estrategia ha resultado ser sumamente efectiva. Ya ha funcionado muy bien en otras ocasiones, por ejemplo con ALCOA, con Boruca y Pacuare, en Sardinal, con el Combo del ICE y más recientemente también lo intentaron aplicar, sin el éxito deseado, al TLC. La Señora Presidente después de un análisis costo beneficio, no ambiental, sino político, les está entregando este triunfo en bandeja de plata.
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La nueva Presidente de la República inició su transición hacia la casa presidencial con una serie de acciones que buscan obtener consenso con grupos políticamente opuestos a su propuesta.
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